Víctimas

Toledo ha acogido una jornada sobre las adicciones en las víctimas de violencia de género. Las entidades que trabajan con ellas, como UNAD, la red de atención a las adicciones, piden recursos específicos a la administración porque ambas problemáticas van unidas. El 80% de las mujeres víctimas de violencia de género cae en alguna adicción. Fármacos, como las benzodiacepinas, y alcohol son las más frecuentes. Para el 90% de ellas es la válvula de escape a una vida muy dura, mayoritariamente, marcada por los abusos sexuales, el maltrato infantil, y finalmente la violencia por parte de sus parejas. “El consumo es la solución que ellas encuentran para soportarlo” dice Mamen Niño, directora de una comunidad terapéutica femenina de la Fundación Emet, en Córdoba. “Aquí se les ofrece un espacio protector donde se trabaja la adicción de forma diferente. Suelen estar seis meses, o más, pero vienen con presiones de fuera, 
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Policía Nacional y Guardia Civil realizaron 419 operaciones policiales contra la trata y la explotación de seres humanos y desarticularon 110 organizaciones y grupos criminales La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2024 a un total de 1.794 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral, entre ellas 32 menores. Este balance es el resultado de 419 operaciones, que desembocaron en la detención de 966 personas y la desarticulación de 110 organizaciones y grupos criminales. También se llevaron a cabo 10.013 inspecciones administrativas en entornos vinculados a la prostitución y a centros de trabajo. Estos datos proceden del «Resumen ejecutivo anual de trata y explotación de seres humanos 2024», elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, y que puede ser consultado en la web del departamento, 
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En la fotografía que envía a través de WhatsApp, Claudia Yurley Quintero (Cúcuta, 44 años) aparece con una acompañante. Ambas le sonríen a la cámara. “Ella es Verónica, migrante argentina. Acabábamos de ganar en la Corte su derecho al asilo. Fue explotada sexualmente y tiene discapacidad cognitiva”, escribe. La siguiente foto que comparte es de Verónica con su pasaporte: “Ya es refugiada en Colombia”. Después de un año de ires y venires, dos tutelas y un gran desgaste emocional, Quintero sumó por fin otro logro a su lucha: le salvó la vida a una mujer condenada a un prostíbulo. Sabe lo que eso significa, porque ella también tuvo esa pistola simbólica en la sien: abuso sexual, pobreza, migración forzada, racismo, falta de educación y de amor propio. Todo la empujó a explotar su cuerpo para sobrevivir. Por eso, su mayor orgullo es que alguna de las mujeres remitidas a Empodérame, 
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El desconocimiento de sus derechos y la normalización de conductas arraigadas en República Dominicana, entre otros factores, impiden que niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia y trata se identifiquen como tales y sean conscientes de situaciones graves de abuso. Una realidad a la que Save the Children trata de poner remedio mediante un programa que se desarrolla en varias comunidades con una alta incidencia de este tipo de casos en los municipios de Haina y San Cristóbal, cercanos a Santo Domingo, cuyos resultados se presentaron este viernes. La directora ejecutiva de Save the Children en el país, Alba Rodríguez, explicó a EFE que cuando empezaron a desarrollar el programa en 2017 detectaron que en las comunidades no eran capaces de identificar que se estaban dando situaciones de explotación sexual y servidumbre con víctimas menores de edad. “Hemos visto situaciones, incluso nocturnas, de niñas y adolescentes en espacios y en 
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La futura ley de libertad sexual establecerá la creación de un fondo de reparación para las víctimas de violencia sexual que se nutrirá de los bienes y ganancias decomisados a los proxenetas y a la industria de la explotación sexual. Fuentes de Igualdad han avanzado este jueves que ese fondo tendrá como objetivo financiar las ayudas a las víctimas de violencia sexual, entre ellas la integración de mujeres víctimas de trata y explotación sexual. Así, se destinarán a ese proyecto los decomisos efectuados por jueces y tribunales a los condenados por trata de seres humanos y delitos relativos a la prostitución, la explotación sexual y corrupción de menores y a abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años. Se trata de una de las novedades introducidas en el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que ha recibido alrededor de 70 alegaciones durante su fase 
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