Víctimas

En la fotografía que envía a través de WhatsApp, Claudia Yurley Quintero (Cúcuta, 44 años) aparece con una acompañante. Ambas le sonríen a la cámara. “Ella es Verónica, migrante argentina. Acabábamos de ganar en la Corte su derecho al asilo. Fue explotada sexualmente y tiene discapacidad cognitiva”, escribe. La siguiente foto que comparte es de Verónica con su pasaporte: “Ya es refugiada en Colombia”. Después de un año de ires y venires, dos tutelas y un gran desgaste emocional, Quintero sumó por fin otro logro a su lucha: le salvó la vida a una mujer condenada a un prostíbulo. Sabe lo que eso significa, porque ella también tuvo esa pistola simbólica en la sien: abuso sexual, pobreza, migración forzada, racismo, falta de educación y de amor propio. Todo la empujó a explotar su cuerpo para sobrevivir. Por eso, su mayor orgullo es que alguna de las mujeres remitidas a Empodérame, 
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El desconocimiento de sus derechos y la normalización de conductas arraigadas en República Dominicana, entre otros factores, impiden que niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia y trata se identifiquen como tales y sean conscientes de situaciones graves de abuso. Una realidad a la que Save the Children trata de poner remedio mediante un programa que se desarrolla en varias comunidades con una alta incidencia de este tipo de casos en los municipios de Haina y San Cristóbal, cercanos a Santo Domingo, cuyos resultados se presentaron este viernes. La directora ejecutiva de Save the Children en el país, Alba Rodríguez, explicó a EFE que cuando empezaron a desarrollar el programa en 2017 detectaron que en las comunidades no eran capaces de identificar que se estaban dando situaciones de explotación sexual y servidumbre con víctimas menores de edad. “Hemos visto situaciones, incluso nocturnas, de niñas y adolescentes en espacios y en 
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La futura ley de libertad sexual establecerá la creación de un fondo de reparación para las víctimas de violencia sexual que se nutrirá de los bienes y ganancias decomisados a los proxenetas y a la industria de la explotación sexual. Fuentes de Igualdad han avanzado este jueves que ese fondo tendrá como objetivo financiar las ayudas a las víctimas de violencia sexual, entre ellas la integración de mujeres víctimas de trata y explotación sexual. Así, se destinarán a ese proyecto los decomisos efectuados por jueces y tribunales a los condenados por trata de seres humanos y delitos relativos a la prostitución, la explotación sexual y corrupción de menores y a abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años. Se trata de una de las novedades introducidas en el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que ha recibido alrededor de 70 alegaciones durante su fase 
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enero, 2025

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