Víctimas

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado la naturaleza machista del crimen. Ainhoa, de 19 años, es la víctima mortal número 33 por violencia de género en lo que va de 2025. El suceso tuvo lugar en Librilla, una pequeña localidad murciana de menos de 6.000 habitantes. La joven fue presuntamente asfixiada hasta la muerte por su pareja, un hombre de 27 años con el que convivía. El presunto feminicida fue detenido el domingo, horas después del hallazgo del cadáver. No constaban denuncias previas por maltrato contra él. Con este nuevo caso, la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 1.328 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas en 2003. Para la Región de Murcia, Ainhoa es la segunda víctima mortal de este año y la número 38 desde 2003. Los crímenes machistas en 2025 Los datos recopilados por la Delegación 
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Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que ha hecho público este miércoles la estadística sobre violencia machista relativa a los meses de abril, mayo y junio de 2025, cuando los órganos judiciales dictaron condenas en más del 82 % de las sentencias. En ese periodo, siete de cada diez denuncias fueron presentadas por las víctimas (el 70,81 %), y apenas el 1,91 % del total las interpusieron personas del entorno de las mujeres. El 17,08 % fueron resultado de atestados policiales, el 7,14 % de los partes de lesiones y el 3,05 % fueron presentadas por terceras personas. Más víctimas de violencia de género En el segundo trimestre aumentó también el número de víctimas de la violencia de género, un 3,41 %, hasta las 47.710. El 61,66 % de estas mujeres eran españolas y el 38,34 %, extranjeras. Además, 
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Una de cada cuatro mujeres reconocidas oficialmente como víctimas de trata y explotación sexual en España sigue sin acceder a los recursos públicos que deberían acompañar su reconocimiento. Es la conclusión que Médicos del Mundo ha trasladado a la Comisión de Igualdad del Congreso en dos informes que retratan las grietas del sistema de acreditación y los obstáculos cotidianos que enfrentan las supervivientes para rehacer sus vidas. Entre noviembre de 2022 y junio de 2024, la organización tramitó 317 solicitudes de acreditación de mujeres en situación de trata en las 16 comunidades autónomas donde trabaja. De ellas, las autoridades reconocieron 277 casos —un 87,4%—, pero solo 205 mujeres consiguieron acceder de forma efectiva a prestaciones o recursos sociales. El resto, casi una de cada cuatro, permanece fuera del sistema de apoyo, pese a contar con el estatus administrativo de víctima. La directora de Programas Estatales y Autonómicos de la ONG, 
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Ser migrante y estar en situación administrativa irregular son dos de las realidades que inciden en su vulnerabilidad Uno de cada tres casos con seguimiento policial por violencia de género en España corresponde a víctimas extranjeras, según datos del Ministerio del Interior, correspondiendo uno de cada cinco casos del sistema VioGén a víctimas de Latinoamérica. Ser migrante y estar en situación administrativa irregular son dos de las realidades que inciden en la vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género: el aislamiento social, la falta de conocimiento del idioma, la mayor dependencia del agresor o la precariedad económica son factores de riesgo en el maltrato de las mujeres extranjeras. El último anuario estadístico del Ministerio del Interior, relativo a 2024, precisa que el 31 de diciembre del pasado año el 33,35 % de los casos activos en el sistema de seguimiento policial VioGén correspondían a víctimas extranjeras y el 66,65 
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A escasos metros de la Gran Vía, donde la prostitución se muestra a plena luz del día, un pequeño taller de costura se ha convertido en un espacio de esperanza. Allí, la asociación APRAMP ayuda a mujeres víctimas de trata y explotación sexual a reconstruir su vida: aprenden un oficio, recuperan su dignidad y demuestran que salir de la esclavitud es posible. En la calle Ballesta 9 de Madrid funciona un taller de corte y confección, una tienda de moda y un espacio de acogida en el que las supervivientes de trata no solo aprenden un oficio, sino que también recuperan su dignidad. Una de estas mujeres es Victoria, que llegó a España engañada durante la pandemia y terminó en manos de mafias de prostitución. Hoy trabaja como agente social de la unidad móvil de APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida), acompañando a otras 
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En España las víctimas de violencia machista tienen derechos. No es necesario denunciar para ser considerada, a ojos del sistema, como víctima de violencia de género. Basta con una acreditación de víctima. Las mujeres no están obligadas a formalizar una acusación para acceder a los distintos servicios y recursos que ofrecen las administraciones. Tiene sentido porque son muy pocas las que deciden poner en conocimiento de las autoridades su situación. Tan solo se denuncian el ocho por ciento de las agresiones sexuales, y el 21,7 por ciento de los casos de violencia de género en el ámbito de la pareja. Con estos datos la inmensa mayoría de las mujeres quedaría fuera del sistema de atención integral. Un sistema que no funcionaba Desde 2021, existen mecanismos para conseguir la acreditación de víctima y poder acceder a todas la ayudas establecidas: atención psicológica, justicia gratuita, pensiones, viviendas y demás facilidades para estas 
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España es uno de los principales países de Europa de tránsito y destino para la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado liberaron a 1.794 víctimas, un porcentaje un 22 % mayor que el correpondiente al del año anterior. En total, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 419 operativos, detuvieron a 966 personas y desarticularon 110 redes criminales dedicadas a la trata. Entre las víctimas rescatadas, 1.281 estaban siendo prostituidas, aunque sólo en 513 casos se pudo confirmar su vinculación directa a redes organizadas. En contextos específicamente ligados a la trata con fines sexuales, según las fuerzas de seguridad del Estado, fueron liberadas 256 mujeres, entre ellas cinco menores de edad. A estas se suman otras 376 víctimas rescatadas de situaciones de prostitución forzada, con 11 menores implicadas. Mujeres migrantes con cargas 
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Toledo ha acogido una jornada sobre las adicciones en las víctimas de violencia de género. Las entidades que trabajan con ellas, como UNAD, la red de atención a las adicciones, piden recursos específicos a la administración porque ambas problemáticas van unidas. El 80% de las mujeres víctimas de violencia de género cae en alguna adicción. Fármacos, como las benzodiacepinas, y alcohol son las más frecuentes. Para el 90% de ellas es la válvula de escape a una vida muy dura, mayoritariamente, marcada por los abusos sexuales, el maltrato infantil, y finalmente la violencia por parte de sus parejas. “El consumo es la solución que ellas encuentran para soportarlo” dice Mamen Niño, directora de una comunidad terapéutica femenina de la Fundación Emet, en Córdoba. “Aquí se les ofrece un espacio protector donde se trabaja la adicción de forma diferente. Suelen estar seis meses, o más, pero vienen con presiones de fuera, 
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Policía Nacional y Guardia Civil realizaron 419 operaciones policiales contra la trata y la explotación de seres humanos y desarticularon 110 organizaciones y grupos criminales La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2024 a un total de 1.794 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral, entre ellas 32 menores. Este balance es el resultado de 419 operaciones, que desembocaron en la detención de 966 personas y la desarticulación de 110 organizaciones y grupos criminales. También se llevaron a cabo 10.013 inspecciones administrativas en entornos vinculados a la prostitución y a centros de trabajo. Estos datos proceden del «Resumen ejecutivo anual de trata y explotación de seres humanos 2024», elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, y que puede ser consultado en la web del departamento, 
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En la fotografía que envía a través de WhatsApp, Claudia Yurley Quintero (Cúcuta, 44 años) aparece con una acompañante. Ambas le sonríen a la cámara. “Ella es Verónica, migrante argentina. Acabábamos de ganar en la Corte su derecho al asilo. Fue explotada sexualmente y tiene discapacidad cognitiva”, escribe. La siguiente foto que comparte es de Verónica con su pasaporte: “Ya es refugiada en Colombia”. Después de un año de ires y venires, dos tutelas y un gran desgaste emocional, Quintero sumó por fin otro logro a su lucha: le salvó la vida a una mujer condenada a un prostíbulo. Sabe lo que eso significa, porque ella también tuvo esa pistola simbólica en la sien: abuso sexual, pobreza, migración forzada, racismo, falta de educación y de amor propio. Todo la empujó a explotar su cuerpo para sobrevivir. Por eso, su mayor orgullo es que alguna de las mujeres remitidas a Empodérame, 
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noviembre, 2025

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