El Observatorio presenta dos nuevas guías elaboradas por su Grupo de expertos y expertas en Violencia Doméstica y de Género, concebidas como instrumentos de apoyo a la Carrera Judicial y orientadas a mejorar la respuesta del sistema de justicia ante distintas manifestaciones y contextos de la violencia contra las mujeres.
Se trata de la Guía de actuación judicial para la instrucción de delitos contra la libertad sexual en las Secciones de Violencia sobre la Mujer y de la Guía de buenas prácticas para la atención judicial a las víctimas de violencia de género en el ámbito rural.
Ambos documentos responden a la misma finalidad de poner a disposición de jueces y juezas herramientas eminentemente prácticas, construidas desde la experiencia profesional y el análisis de las dificultades que se presentan en la aplicación cotidiana del Derecho, que contribuyan a una respuesta judicial eficaz, coordinada, accesible y respetuosa con las garantías procesales y los derechos de las víctimas.
Guía de actuación judicial para la instrucción de delitos contra la libertad sexual.
La Guía de actuación judicial para la instrucción de delitos contra la libertad sexual en las Secciones de Violencia sobre la Mujer surge frente a las nuevas competencias atribuidas a estas Secciones por el artículo 89.5.h) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su finalidad es facilitar criterios de actuación ante la instrucción de estos delitos y favorecer la coordinación entre los diferentes profesionales e instituciones que intervienen desde el primer momento.
Para su elaboración, el Grupo de expertos y expertas ha contado con las aportaciones de profesionales de la judicatura y de la medicina forense, cuya experiencia ha permitido identificar algunas de las principales cuestiones y dificultades que se plantean en la práctica durante la investigación de estos delitos.
A partir de este enfoque eminentemente práctico, la Guía aborda de forma sistemática las principales cuestiones que pueden suscitarse durante la instrucción, desde la delimitación de la competencia objetiva, funcional y territorial hasta las primeras actuaciones, la adopción de medidas urgentes de protección y la necesaria preservación de las distintas fuentes de prueba.
El documento sitúa entre sus principios de actuación la centralidad de la víctima, la diligencia debida reforzada, la reducción de la victimización secundaria, la perspectiva de género, la atención a las situaciones de especial vulnerabilidad y la preservación de las garantías del investigado. La guía concibe la perspectiva de género como un método jurídico de análisis destinado a identificar y excluir razonamientos sustentados en estereotipos, sin sustituir la investigación de los hechos ni las reglas de valoración de la prueba.
Especial relevancia adquiere la declaración de la víctima. La Guía incorpora pautas dirigidas a favorecer un relato espontáneo y a evitar reiteraciones innecesarias, preguntas culpabilizadoras, juicios o presupuestos basados en estereotipos. A ello se une un análisis específico de determinados mitos, como los vinculados a la “víctima ideal”, la resistencia física, la existencia de lesiones, la demora en denunciar, el consumo de alcohol o drogas, la relación previa con el investigado o la conducta sexual anterior de la víctima.
La Guía aborda asimismo la investigación del consentimiento y el aseguramiento de las distintas fuentes de prueba -biológica, clínica, toxicológica, documental, testifical, pericial y digital-, prestando particular atención a la preservación temprana de comunicaciones, dispositivos, redes sociales, datos de localización y otras evidencias digitales susceptibles de desaparición.
Su carácter práctico se concreta en cuadros de actuación, preguntas de control y listas de verificación, incluida una lista específica para las primeras 24 horas, así como en modelos de resoluciones judiciales directamente adaptables a las circunstancias de cada procedimiento.
Guía de buenas prácticas para la atención judicial a las víctimas de violencia de género en el ámbito rural.
La segunda de las publicaciones, la Guía de buenas prácticas para la atención judicial a las víctimas de violencia de género en el ámbito rural, responde a una realidad diferente pero igualmente necesitada de una atención específica, como son las particulares dificultades que pueden afrontar las mujeres víctimas de violencia de género cuando residen en entornos rurales.
El documento es resultado de un amplio trabajo de análisis desarrollado por el Grupo de expertos y expertas del Observatorio. Para su elaboración se ha tenido en cuenta la experiencia de profesionales especializados, las aportaciones de asociaciones representativas del medio rural, diferentes protocolos territoriales y las respuestas facilitadas por órganos judiciales con competencia en violencia sobre la mujer situados en partidos judiciales rurales.
La Guía identifica obstáculos específicos como las dificultades de acceso a la justicia, la dispersión territorial, la escasez de recursos especializados, la pérdida de anonimato o la insuficiencia de medios personales y materiales. También presta atención a las necesidades de colectivos especialmente vulnerables y formula criterios destinados a reforzar la tutela judicial efectiva y prevenir la victimización secundaria.
A partir de este diagnóstico, recoge principios rectores, buenas prácticas para las distintas fases del procedimiento judicial, respuestas ante incidencias frecuentes y propuestas de mejora institucional, incorporando así la perspectiva territorial o de ruralidad a la intervención judicial.
Con la publicación de ambas guías, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género pone a disposición de la Carrera Judicial dos nuevas herramientas de consulta y apoyo a la práctica diaria, dirigidas a favorecer una tutela judicial efectiva, reducir la victimización secundaria y avanzar hacia una respuesta judicial cada vez más especializada, coordinada y adaptada a las diferentes realidades de las víctimas.
Fuente: https://www.poderjudicial.es/
