Juzgados

Todos los delitos contra la libertad sexual o la trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer que se produzcan a partir de este viernes 3 de octubre serán asumidos por los juzgados y secciones de Violencia sobre la Mujer, que hasta ahora solo entendían de la que se conoce como violencia de género, la que ejercen los hombres contra sus parejas o exparejas. Así lo marca la entrada en vigor desde mañana del precepto contenido en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que da cumplimiento a lo previsto en el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014 y por la Unión Europea en 2023, que busca prevenir, perseguir y erradicar la violencia contra las mujeres y aboga por la especialización de los órganos judiciales en todo tipo de violencia sobre la mujer. De este modo, a partir de mañana se produce oficialmente el traspaso 
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Más de 300 juezas y jueces especializados en violencia contra la mujer han firmado un comunicado en el que alertan del “colapso judicial en violencia de género” con la entrada en vigor en octubre de las nuevas competencias que obligan a estos juzgados a asumir también los casos de violencia sexual. “El 3 de octubre de 2025 se convertirá en una fecha negra: la del inicio del colapso judicial en violencia de género, la del inicio del fin de los Juzgados de Violencia contra la Mujer, la del desmantelamiento de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral en materia de violencia de género”, alertan los jueces y juezas. La ley de eficiencia de la Justicia contempla que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer sean los encargados de tramitar, a partir del próximo mes de octubre, todos los casos de violencia sexual y no solo los que ocurren 
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La reciente ampliación de competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en España, establecida por la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, “puede provocar un colapso del sistema judicial en estos casos” si no aumentan los recursos materiales y personales. Así lo han denunciado este lunes en un comunicado los jueces y juezas de los juzgados de violencia sobre la mujer, que advierten de que esa sobrecarga de trabajo afectaría “la calidad y rapidez de la atención a las víctimas, generando espacios de desprotección y dificultando la instrucción adecuada de los casos”. La reforma, que asigna a estos juzgados la instrucción de delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, incluso cuando no haya vínculo afectivo entre víctima y agresor, entrará en vigor en octubre de este año, “antes de que estén plenamente 
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octubre, 2025

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