En un momento en que la ciudadanía exige instituciones más transparentes, accesibles y eficientes, la Agenda Justicia 2030, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sitúa en el centro de la transformación de la Justicia española, el ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Dentro de ese marco, la procura se sitúa como protagonista imprescindible para garantizar una Justicia sostenible, comprensible y verdaderamente al servicio de las personas.
Los Procuradores de los Tribunales, desarrollamos nuestro trabajo atendiendo a nuestros mandantes con responsabilidad, eficiencia y un lenguaje claro que garantiza confianza y accesibilidad a la tutela judicial efectiva con más garantías; en ese camino, entra en juego el concepto de “lenguaje claro”, y en este punto y para entender mejor este artículo de opinión, considero necesario aclarar al lector de qué es un lenguaje claro, qué engloba este concepto, informar que el lenguaje claro, es una técnica de comunicación institucional que garantiza que cualquier persona con independencia de su formación, edad o condición pueda comprender un mensaje a la primera lectura, sin necesidad de interpretación especializada.
La RAE ha expresado el concepto de lenguaje claro con precisión: “La claridad es una forma de cortesía”. En el ámbito judicial, además, es una “forma de justicia”, y es aquí, donde el procurador de los tribunales, se convierte en facilitador procesal, en traductor institucional, en garante de que la Justicia fluya y se entienda, un profesional de derecho que garantiza al ciudadano su acceso a la Justicia a la tutela judicial efectiva de una forma clara y sencilla, con esa labor de acompañamiento en las sedes judiciales que sólo los procuradores saben hacer.
Es necesario hacer una reflexión, sobre la figura del facilitador procesal, figura que diferentes colectivos se han atribuido como propia, pero ¿Quién debe ser un Facilitador Procesal? ¿Qué cualidades debe de tener?, pues, a mi modesto entender, debe ser un profesional de Derecho con conocimiento especializado en Derecho Procesal, capaz de trasladar la información al justiciable con un lenguaje claro, sencillo y accesible, ocupando una oposición comunicativa horizontal y accesible al de la persona que recibe el mensaje.
En un ecosistema judicial saturado, como en el momento que estamos viviendo, el facilitador procesal, debe ser un profesional, debe ser un procurador, que convierte la complejidad en orden, la incertidumbre en certeza y el procedimiento en un camino transitable.
Siendo, la procura, un puente natural entre ciudadanía, abogados y órganos judiciales, situada en una posición privilegiada para liderar la revolución del lenguaje claro. El lenguaje claro es hoy un derecho ciudadano, reconocido en iniciativas como la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico y la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, impulsadas con participación activa de la RAE y con el compromiso adquirido por parte de la Procura al suscribir convenios con estas instituciones tanto de parte del Consejo General de Procuradores de España como de forma particular, con diferentes Colegios de Procuradores de toda España, comprometidos como colectivo, en apoyo de un lenguaje claro y accesible para la comprensión del lenguaje jurídico entre la ciudadanía, en definitiva un acercamiento del ciudadano al Derecho, a la Justicia, a la Administración de Justicia, poniendo a disposición de la sociedad a cerca de once mil profesionales para esta gran empresa.
De relevante importancia es la siguiente afirmación: “Hablar claro es sostenible”, porque la claridad en el leguaje ofrece: menos dudas, menos trámites, menos desplazamientos, menos tiempo perdido. La claridad es eficiencia, y la eficiencia es sostenibilidad.
Así la sostenibilidad no se limita a la digitalización o a la reducción del papel sino que implica: procedimientos más ágiles, comunicaciones más comprensibles, reducción de cargas administrativa interoperabilidad real; implica el acceso de los procuradores a los Tribunales de una forma directa, clara y sostenible al expediente judicial electrónico a las sedes de los Tribunales de Instancia, teniendo estas acciones unas consecuencias directas en la eficacia, eficiencia y efectividad de la Justicia, prisma fundamental de Justicia 2030 de una Justicia sostenible.
El procurador, con su capacidad de gestión, seguimiento y control de expedientes, es un actor decisivo para que la Justicia 2030 sea una realidad, y la procura como facilitador procesal garantice que todo ello llegue efectivamente a la ciudadanía.
Esta figura junto con un lenguaje claro, lenguaje comprensivo de las resoluciones judiciales y trámites, tiene como resultado el de un modelo de Justicia más humano, eficiente y democrático, alineado con la confianza en las instituciones y en los profesionales del derecho, en especial en la procura.
Fuente: https://www.eleconomista.es/
