Europa está siguiendo caminos muy distintos frente a la prostitución, la explotación sexual y la trata de personas. España mantiene una amplia tolerancia de la prostitución mientras persigue penalmente la trata y determinadas formas de explotación; Francia sanciona la compra de actos sexuales y financia rutas de salida; Bélgica convirtió la prostitución en una posible relación laboral, y Alemania lleva décadas bajo un modelo legalizado y regulado.
Para Colombia esta discusión no es lejana. Las mujeres colombianas aparecen de manera reiterada en investigaciones europeas sobre explotación sexual. En diciembre de 2025, los ministerios del Interior de España y Colombia, junto con la Asociación Amar Dragoste, lanzaron una campaña para prevenir la trata y explotación sexual de mujeres colombianas. La comunicación oficial española indicó que, en 2024, las víctimas procedentes de Colombia representaron el 44,45 % del total identificado por trata de seres humanos y explotación sexual.
Los datos de 2025 mantuvieron la alerta. El Ministerio del Interior español informó que las fuerzas de seguridad habían rescatado a 1.869 víctimas de trata y explotación ese año. Entre ellas, 374 fueron liberadas de redes de trata con fines de explotación sexual y 397 de situaciones de explotación sexual sin que se acreditara una red de trata. Entre las víctimas predominaban mujeres de 23 a 27 años de edad de Colombia, Venezuela y China.
En agosto de 2025, las autoridades desarticularon una organización que captaba principalmente mujeres colombianas jóvenes para trasladarlas a Gandía. Según la investigación, adquirían deudas y permanecían disponibles para la prostitución las 24 horas, sin posibilidad de negarse a compradores ni abandonar libremente el inmueble. Y el pasado 13 de agosto, las autoridades informaron que habían desarticulado dos organizaciones dedicadas a la explotación sexual de mujeres en Sevilla. Fueron liberadas quince mujeres colombianas y venezolanas, algunas sometidas a deudas de 7.000 euros y obligadas a atender sin horario.
El problema no se limita a España. En septiembre de 2025, Europol informó de una operación entre autoridades austríacas y colombianas relacionada con decenas de mujeres colombianas víctimas de trata sexual en Austria. Un mes después, otra investigación produjo 17 detenciones en Albania y Colombia contra una red sospechosa de haber explotado sexualmente a más de cincuenta víctimas.
Estos casos obligan a examinar las condiciones que facilitan la captación: pobreza femenina, violencias previas, responsabilidades familiares, racismo, migración precarizada, economías ilegales, falta de oportunidades y falsas ofertas de empleo. También obligan a mirar el otro extremo de la relación: existe un mercado internacional dispuesto a pagar por acceso sexual a mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
Distintas estrategias
En abril de 2026, Francia cumplió diez años de la Ley n.º 2016-444 del 13 de abril de 2016. La norma eliminó el delito de captación que recaía sobre las personas prostituidas, reforzó mecanismos contra el proxenetismo y la trata, creó un recorrido de salida de la prostitución e inserción social y profesional y estableció la prohibición de la compra de actos sexuales. La intervención jurídica se dirige hacia compradores, proxenetas y explotadores, sin criminalizar a la persona prostituida.
Durante mi acercamiento al modelo francés, en 2025, observé cerca del Boulevard Carnot a hombres que buscaban comprar sexo comportándose con cautela. Las mujeres seguían expuestas a vulnerabilidades, pero el señalamiento jurídico no recaía sobre ellas. El comprador actuaba sabiendo que su conducta estaba sancionada. Esa experiencia concreta permite ver cómo una norma modifica también la conducta social alrededor de la prostitución.
Francia tampoco constituye un modelo terminado. Una política abolicionista requiere presupuesto y capacidad territorial. La propia legislación establece que el recorrido de salida de la prostitución debe responder a necesidades sanitarias, profesionales y sociales. Una mujer con deuda, hijos a cargo, situación migratoria irregular y ningún lugar donde vivir necesita vivienda, ingresos, salud, acompañamiento psicológico, formación, empleo y protección jurídica. Una ruta sin recursos puede existir en la ley y resultar inaccesible en la práctica.
Por su parte, Bélgica aprobó en 2024 una ley que permite contratar personas para realizar actos sexuales bajo la autoridad de un empleador acreditado; la norma entró en vigor el 1.º de diciembre de ese año. Desde una perspectiva abolicionista, el cambio es profundo: determinadas formas de beneficio económico obtenido de la prostitución de otra persona adquieren legitimidad empresarial si cumplen los requisitos estatales.
La información oficial publicada el 14 de junio de este año señalaba que desde comienzos de 2025 se habían presentado 22 solicitudes de acreditación y que doce empleadores habían sido autorizados. El Gobierno anunció además una evaluación para finales de 2026. El punto de discusión no desaparece con el contrato: sigue existiendo un comprador y un tercero cuya actividad económica depende de la realización de actos sexuales.
Y en Alemania la prostitución es legal y está regulada. Aun así, la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (BKA) continúa documentando trata y explotación sexual en su informe federal sobre el tema. El informe correspondiente a 2024 registró 364 procedimientos investigativos concluidos por trata con fines de explotación sexual, un aumento del 14,1 % frente al año anterior, y 465 víctimas identificadas. Estos datos no permiten afirmar que la legalización cause la trata, pero sí impiden presentarla como una respuesta que la elimina.
Puntos de convergencia
Los sistemas de España, Francia, Bélgica y Alemania son distintos, pero muestran que la explotación se adapta a los controles y a la tecnología. Puede operar en viviendas particulares, clubes, plataformas digitales y redes sociales, mientras la captación comienza en un país y continúa en otro.
La operación de Sevilla conocida el 13 de agosto reunió varios de estos elementos: captación en Suramérica, endeudamiento, control, viviendas usadas como lugares de explotación y anuncios digitales orientados a aumentar la demanda.
Por eso, una política centrada solo en establecimientos visibles, licencias, controles sanitarios o contratos deja por fuera parte de las formas actuales de explotación sexual. También deja por fuera a un actor poco estudiado: el ‘prostituyente’. Durante años se ha investigado a las mujeres prostituidas —edad, nacionalidad, salud, consumo, condición migratoria, embarazos, horarios y lugares— pero conocemos mucho menos sobre quienes ponen el dinero.
El caso colombiano
Colombia necesita investigar quién compra, con qué frecuencia, qué busca y cómo actúa frente a señales de vulnerabilidad, trata o explotación. La demanda genera el flujo económico del mercado sexual y, cuando existe explotación organizada, financia a quienes obtienen beneficios de ella. El comprador debe entrar de manera expresa en la investigación, la prevención y el diseño de política pública.
Nuestra realidad agrega trata interna y transnacional; explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes; desplazamiento; migración precarizada; feminización de la pobreza; turismo sexual; plataformas digitales; captación en redes y grandes diferencias territoriales en la capacidad institucional. A esto se suma un hecho que las investigaciones europeas muestran de forma reiterada: mujeres colombianas están siendo captadas para ser explotadas sexualmente fuera del país.
Una política basada en derechos humanos debe despenalizar a las personas en situación de prostitución, evitar multas y abusos institucionales, perseguir el proxenetismo y la trata, y garantizar rutas de salida con vivienda, alimentación, salud, regularización migratoria cuando corresponda, educación, ingresos, protección jurídica y acompañamiento.
La prevención debe incluir a niñas, niños y adolescentes, incorporar acciones dirigidas a la demanda masculina y asegurar la participación de mujeres sobrevivientes en el diseño y evaluación de las medidas.
Francia, Bélgica, Alemania y España dejan lecciones distintas. Francia muestra que reducir la demanda exige alternativas materiales de salida; Bélgica obliga a examinar qué significa convertir la prostitución en una relación laboral bajo autoridad empresarial; Alemania muestra que décadas de legalización no han eliminado la trata y España sigue identificando una presencia significativa de mujeres colombianas entre las víctimas.
Colombia todavía puede definir una política propia. La decisión debería evaluarse por sus efectos sobre la explotación, la trata, la demanda y las posibilidades reales de salida, con evidencia, capacidad territorial y conocimiento de las mujeres sobrevivientes.
CLAUDIA YURLEY QUINTERO (*)
Razón Pública (**)
(*) Psicóloga, líder social y activista. Defensora de los derechos de las mujeres y las víctimas de la trata de personas en Colombia.
(**) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.
Fuente: https://www.eltiempo.com/
