La Policía Nacional ha detenido a una notaria, una abogada, un director de banco y un asesor fiscal por su presunta implicación en una trama de blanqueo en Málaga. Según han confirmado a SUR fuentes policiales, se les relaciona con el lavado de dinero procedente de los beneficios de una organización criminal dedicada a explotar sexualmente a mujeres en prostíbulos de Cártama y de la capital malagueña.
De acuerdo con la Comisaría Provincial, se estima que en cuatro años la red habría obtenido un patrimonio ilícito de unos 3,5 millones de euros, para lo que habría sido esencial la colaboración de los cuatro profesionales arrestados. “Sirviéndose de conocimientos técnicos en la materia y beneficiándose de sus puestos de trabajo cualificados, ejecutaban conductas imprescindibles para que la organización criminal alcanzara su objetivo de transmitir, adquirir, poseer y ocultar” el dinero.
Diez personas -entre las que se incluyen los profesionales titulados- han sido detenidas por su presunta implicación en los delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Según el relato policial, la red contaba, además, con un cabecilla que dirigía la actividad de blanqueo y un elenco de testaferros, quienes, a su vez, figuraban como titulares de bienes y cuentas bancarias.
Hay que remontarse a noviembre de 2024 cuando se desarrollaba la primera fase de la denominada operación ‘Gargamel’, que conllevó la liberación de 42 mujeres explotadas sexualmente en sendos prostíbulos de la localidad malagueña de Cártama y la capital. Las víctimas tenían que estar disponibles las 24 horas del día y eran sometidas a una férrea vigilancia por miembros de la organización.
Hubo entonces 19 detenidos y se practicaron registros en ambos establecimientos, que fueron clausurados por orden judicial. Además, se procedió al bloqueo de 9,5 millones de euros en cuentas bancarias y bienes y se intervinieron cuatro vehículos y 47.000 euros en efectivo. La trama, perfectamente estructurada, reclutaba a la mayoría de las víctimas en sus países, principalmente en Colombia, aprovechándose de unas situaciones personales y económicas muy comprometidas.
En tales prostíbulos, la organización sometía a las mujeres al ejercicio de la prostitución en condiciones especialmente gravosas, abusivas y restrictivas de derechos, lucrándose de forma reiterada, sistemática y directa de la explotación sexual de las mujeres mediante la obtención de altos réditos económicos, en función de los servicios sexuales ofertados y actividades de alterne.
Adicionalmente, con el fin de maximizar los beneficios, la red realizaba también actividades de distribución y venta de sustancias estupefacientes (cocaína, éxtasis y cannabis), así como de medicamentos para la disfunción eréctil, sin ningún tipo de control médico-sanitario. Asimismo, los clubes trataban de ocultar su actividad real bajo la apariencia de constituir establecimientos de hospedería, comprobándose que carecían de los permisos necesarios al respecto y que expedían facturas falsas, a fin de justificar su actividad ante hipotéticas inspecciones.
Investigación patrimonial
Recientemente, en concreto el pasado día 13 de noviembre de 2025, se llevó a cabo la segunda fase de la operación, fruto de la cual se detuvo a otras diez personas por su presunta responsabilidad en los delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Con el fin de gestionar los ingentes beneficios derivados de la explotación sexual de mujeres en los prostíbulos, el líder de la organización constituyó y dirigió una segunda organización que, mediante el empleo de un entramado societario, explotaba económicamente los delitos perpetrados en los clubes de alterne, y transmitía sus beneficios con objeto de adquirir, poseer y ocultar el elevado patrimonio originado ilícitamente.
A este respecto, se observaron varios estratos perfectamente diferenciados entre los integrantes de este segundo entramado creado para el blanqueo de capitales. En la cúspide de la trama criminal, el cabecilla de la misma ejercía funciones de dirección, mientras que, en otro escalón inferior, figuraban cinco investigados que desarrollaban labores de testaferro.
El resto de los investigados, profesionales cualificados, sirviéndose de conocimientos técnicos en la materia y beneficiándose de sus puestos de trabajo cualificados, ejecutaban conductas imprescindibles para que la organización criminal alcanzara su objetivo de transmitir, adquirir, poseer y ocultar el patrimonio ilícitamente originado.
Mediante este modus operandi, la organización consiguió atesorar, en un periodo de cuatro años, un patrimonio ilícito cuyo valor se estima en 3,5 millones de euros.
La investigación ha sido llevada a cabo conjuntamente por agentes adscritos al Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, y el Grupo III de UCRIF de la Comisaría Provincial de Málaga.
Fuente: https://www.diariosur.es/
