Una de cada cuatro mujeres reconocidas oficialmente como víctimas de trata y explotación sexual en España sigue sin acceder a los recursos públicos que deberían acompañar su reconocimiento. Es la conclusión que Médicos del Mundo ha trasladado a la Comisión de Igualdad del Congreso en dos informes que retratan las grietas del sistema de acreditación y los obstáculos cotidianos que enfrentan las supervivientes para rehacer sus vidas.
Entre noviembre de 2022 y junio de 2024, la organización tramitó 317 solicitudes de acreditación de mujeres en situación de trata en las 16 comunidades autónomas donde trabaja. De ellas, las autoridades reconocieron 277 casos —un 87,4%—, pero solo 205 mujeres consiguieron acceder de forma efectiva a prestaciones o recursos sociales. El resto, casi una de cada cuatro, permanece fuera del sistema de apoyo, pese a contar con el estatus administrativo de víctima.
La directora de Programas Estatales y Autonómicos de la ONG, Ana Belén Durán, explicó que esta brecha se debe en gran medida a la falta de homogeneidad territorial. Cada comunidad autónoma aplica sus propios criterios, procedimientos y recursos, lo que genera “desigualdades flagrantes” entre territorios.
“Una mujer puede estar reconocida como víctima en una comunidad y quedar desprotegida si se traslada a otra”, advirtió Durán. En la práctica, esto obliga a muchas a reiniciar todo el proceso de acreditación, lo que implica revictimización y pérdida de derechos.
El valor simbólico del reconocimiento
El sistema actual, según Médicos del Mundo, vincula el reconocimiento a un fin concreto, normalmente el acceso a una ayuda económica. Esta visión, denunció Durán, vacía de contenido simbólico el acto de reconocimiento, que debería tener también un valor reparador y dignificante para las supervivientes.
El proceso de acreditación, añadió, es “complejo, confuso y descoordinado”, sin criterios uniformes entre administraciones. En muchos casos, las víctimas deben aportar documentación o pruebas difíciles de conseguir y enfrentarse a procedimientos opacos que generan inseguridad y estigmatización.
Sin padrón, sin derechos
A las dificultades burocráticas se suman barreras estructurales que impiden a estas mujeres acceder a servicios básicos. Una de las más graves es el empadronamiento. Sin una dirección estable o un contrato de alquiler formal, muchas mujeres no logran inscribirse en el padrón municipal.
Médicos del Mundo señala que la mayoría vive en pisos superarrendados, clubes o viviendas 24 horas, por lo que no pueden demostrar un domicilio fijo. La falta de empadronamiento impide el acceso a sanidad pública, educación o ayudas sociales, y las condena a una exclusión persistente.
Exclusión financiera
El otro gran obstáculo identificado en los informes es la imposibilidad de abrir cuentas bancarias básicas, pese a que las entidades financieras están obligadas por ley a ofrecerlas gratuitamente. Durán denunció que, en la práctica, muchas entidades se niegan a abrirlas, dejando a las mujeres sin una herramienta esencial para su autonomía económica.
“No poder tener una cuenta bancaria bloquea cualquier posibilidad de inclusión real”, insistió la responsable de Médicos del Mundo, que considera la inclusión financiera un paso imprescindible para romper con las redes de explotación.
Reformas urgentes
Ante esta realidad, Médicos del Mundo reclamó al Congreso que agilice la aprobación de la futura ley integral contra la trata y la explotación sexual, impulsada por el Ministerio de Igualdad. La organización pide que la norma establezca procesos de identificación y acreditación garantistas, y que reconozca el papel clave de las entidades sociales especializadas.
También solicita armonizar los procedimientos entre comunidades. Una medida que debería unirse a la creación de un catálogo estatal de medidas asistenciales. También, a la garantía de acceso al sistema de acreditación a las mujeres migrantes en situación irregular sin que ello suponga un nuevo proceso de victimización.
Además, propone modificar la resolución del Instituto Nacional de Estadística (INE) que regula el padrón municipal, con el fin de mejorar la aplicación del empadronamiento social. Y con ello, reformar el Real Decreto sobre cuentas de pago básicas para incluir expresamente a las mujeres en prostitución o trata como colectivo vulnerable.
Más allá de la ayuda económica
Para Médicos del Mundo, reconocer a una mujer como víctima de trata no debería reducirse a un trámite administrativo para obtener una prestación económica. Esto debe ir más allá y asumirse como un acto de reparación, justicia y restitución de derechos.
El reconocimiento, concluye la ONG, debe ser el punto de partida de un itinerario real de inclusión, no el final del camino. Mientras eso no ocurra, cientos de mujeres seguirán atrapadas en la burocracia, reconocidas como víctimas pero invisibles ante el Estado.
