“La violencia sobre la mujer como fenómeno delictivo, que tiene su razón de ser en la discriminación por razón de género, requiere de una visión interseccional”. Lo recuerda, una vez más, la Memoria Anual de la Fiscalía correspondiente a 2024. El documento, presentado este viernes, hace una radiografía descarnada de la violencia machista en nuestro país, que cerró el año anterior con 50 feminicidios consumados.
La distribución temporal de estos asesinatos evidencia ciertos patrones. Se observa, por ejemplo, un repunte preocupante en el mes de junio, con siete casos, y una concentración sobre todo en los meses de verano, julio y agosto. En cuanto a los llamados “feminicidios ampliados”, el año pasado se computaron 14 frente a los dos del año 2023 (lo que supone un incremento del 600%): “Las víctimas fueron en nueve ocasiones hijos o hijas menores de edad del propio agresor; en uno, un hijo mayor de edad; en dos ocasiones, madre de la pareja del agresor; en una ocasión, el padre y en otra, un conocido de la víctima”.
Volvió a ser clamoroso el porcentaje de mujeres asesinadas que no habían denunciado previamente. De las 50 víctimas mortales, solo 14 habían acudido antes a las autoridades, lo que supone apenas un 28%. Aunque este porcentaje implica un leve aumento respecto a 2023, cuando las denunciantes eran el 25,42%, sigue siendo extraordinariamente bajo: “Con relación a los datos del año 2022 (43,14%) se ha producido un descenso importante, del 15,14%”.
¿Qué barreras siguen existiendo para que las mujeres puedan denunciar? La Memoria ofrece algunas pistas. Apunta, en este sentido, que ninguna de las mujeres que residía en poblaciones de menos de 5.000 habitantes había denunciado. A su vez, cuando se analizan las cifras en función de la nacionalidad, se constata que las mujeres migradas presentan un riesgo significativamente mayor: representan el 37,07% de las víctimas totales de violencia de género, una proporción muy superior a su peso demográfico. Mientras que la tasa de feminicidios entre mujeres españolas fue de 1,68 por millón, entre las migradas ascendió a 8,32 por millón. Su vulnerabilidad se multiplica por cinco.
Entre estas víctimas, había denunciado previamente un 36,84% frente al 23,33% del resto, lo que evidencia que incluso denunciando no encontraron protección suficiente. Una cifra que resulta especialmente relevante a la luz de las obligaciones que establece la ley de extranjería, que prevé mecanismos de regularización para mujeres en situación irregular que denuncien violencia machista. En la práctica, en cambio, muchas siguen temiendo la deportación o la pérdida de custodia de sus hijos, lo que las disuade de acudir a la justicia.
Otro aspecto que la Memoria aborda con detalle es el de las denuncias falsas, un mito recurrente en los discursos antifeministas, como el que este jueves se desplegó en el Congreso de la mano de las jornadas organizadas por Vox. En 2024, se registraron únicamente 17 procedimientos relacionados con posibles denuncias falsas, de los cuales solo uno terminó en sentencia condenatoria y no firme. Esto equivale a una incidencia estadísticamente irrelevante, prácticamente inexistente si se compara con las casi 200.000 denuncias interpuestas en el mismo período: “Desde el año 2009 al 2024, refleja cómo el porcentaje de sentencias condenatorias por denuncia falsa es ínfimo. El promedio entre los años 2009 y 2024 es del 0,0082%”, insite de nuevo el documento del Ministerio Público.
La ruralidad aparece de nuevo como un factor determinante. El 20% de los feminicidios consumados se cometieron en localidades de menos de 10.000 habitantes, y el 38% en poblaciones de hasta 20.000. Esta brecha territorial se refleja también en la distribución y funcionamiento de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), cuya implantación sigue siendo profundamente desigual. Mientras algunas provincias, como Málaga, cuentan con equipos completos y tiempos de respuesta aceptables, otras sufren demoras de hasta 14 meses, como Pontevedra.
La Valoración Policial del Riesgo, herramienta fundamental para activar dichas medidas, también se sitúa en el centro de mira. En algunas provincias, se observa cómo los informes califican como “riesgo bajo” situaciones que, a la postre, se revelan extremadamente peligrosas, especialmente cuando las víctimas tienen adicciones, discapacidades o circunstancias de especial vulnerabilidad. En este sentido, la aprobación de un nuevo protocolo para la gestión policial del riesgo a través del sistema VioGén-2, prevista para 2025, se presenta a ojos del Ministerio Público como una oportunidad para corregir estas carencias.
En 2024 se interpusieron 199.094 denuncias por violencia de género, prácticamente la misma cifra que el año anterior. Sin embargo, el número de víctimas registradas descendió ligeramente hasta las 183.908, lo que podría interpretarse como un indicador de mayor concienciación y denuncia colectiva, pero también como un reflejo de que sigue habiendo muchas mujeres que terminan callando. Cabe recordar que 18.629 mujeres se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar contra su agresor, lo que representa un 10,12% del total.
Las medidas de protección, asimismo, siguen siendo insuficientes. De las 49.268 solicitudes presentadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y de Guardia, solo se acordaron 33.247. Es decir, un 67,48% (un 2,4% menos que en 2023). Esto implica que un tercio de las solicitudes fueron denegadas, dejando a miles de mujeres sin amparo institucional. El dato es aún más llamativo si se tiene en cuenta que ninguna de las mujeres asesinadas en 2024 portaba un dispositivo telemático de control, como las pulseras electrónicas de alejamiento.
Hacia el final de la Memoria, se abordan con especial atención las especificidades de ciertas víctimas, subrayando la importancia de no tratar la violencia machista como una realidad monolítica. Las mujeres mayores, por ejemplo, suelen ocultar la violencia sufrida mucho más que el resto. Solo el 62,2% de las mujeres de 65 años o más que han sufrido violencia han denunciado o buscado ayuda, frente al 85,6% de las mujeres más jóvenes. Esta invisibilidad se acentúa en el ámbito rural y entre aquellas que padecen enfermedades degenerativas. De hecho, las mujeres con discapacidad enfrentan una vulnerabilidad todavía mayor: la prevalencia de la violencia en este colectivo es significativamente superior a la media, con un 20,7% que ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja, frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad. Además, el 17,5% de las mujeres con discapacidad que han padecido violencia afirma que su discapacidad es consecuencia directa de los malos tratos.
La violencia digital, por su parte, aparece como un fenómeno en crecimiento, con especial incidencia entre la población joven. El uso de redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas digitales ha abierto nuevas vías para el control y acoso de las mujeres. La Memoria describe casos de sextorsión, suplantación de identidad, amenazas de difusión de contenido íntimo y hostigamiento constante a través de mensajes y llamadas desde números ocultos.
Sobre la violencia sexual y los menores
La Fiscalía registró, en 2024, 3.283 causas por delitos contra la libertad sexual, lo que supone un incremento del 3,07% respecto a las 3.185 incoadas en 2023. Esta tendencia ascendente se viene observando de forma constante desde 2017 y confirma, en palabras de la propia memoria, la existencia de “una alarmante espiral”. Si bien el análisis de estos datos exige cautela, ya que la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, ha supuesto la desaparición de la distinción entre agresión sexual y abuso sexual, concentrando ahora ambos tipos en la primera categoría. Así, en 2023 se produjo un aparente aumento del 149,18% de agresiones sexuales y un descenso del 61,58% de abusos. Una distorsión estadística que se mantiene parcialmente. La Fiscalía reconoce que aún se siguen registrando casos bajo la rúbrica de “abusos sexuales”, pero estima que se trata de hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, pues el número ha descendido notablemente: 343 en 2024, frente a 785 en 2023, una caída del 56,30%.
Las causas de este incremento son complejas. En el texto se apunta de manera explícita que “la etiología de estas conductas sexuales virulentas pudiera encontrarse en la carencia de una adecuada formación en materia ético-sexual, el consumo de alcohol u otras sustancias, pero sobre todo en el acceso temprano a contenidos pornográficos inadecuados sin una adecuada educación sexual”. El Ministerio Público alerta que, como consecuencia, internet se ha convertido en una especie de “docente” informal, pero peligroso, para la infancia y la juventud, creando lo que denomina “una visión falsa y distorsionada de las relaciones sexuales que trasladan posteriormente a sus propias vivencias”.
Fuente: https://www.publico.es/
