El Gobierno quiere prohibir la reventa de entradas a un precio más caro y la publicidad de los vuelos cortos si existe alternativa menos contaminante, así como reducir la o bsolescencia programada a través de una “ambiciosa” ley de consumo sostenible, como la ha calificado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, al presentarla este martes tras la aprobación en el Consejo de Ministros.
El anteproyecto, que aún debe pasar el test del Congreso de los Diputados, busca también prohibir la publicidad de los combustibles fósiles y vehículos de diésel y gasolina, restringir la llamada ‘publicidad del miedo’, el greenwashing o ecopostureo y la reduflación (cuando nos venden menos producto al mismo precio).
Bustinduy ha defendido esta ley como un instrumento para proteger a los consumidores y el medio ambiente con medidas que promueven el consumo consciente y responsable, la reparación de bienes, y una información clara y fiable sobre los productos y servicios, cuestiones se trasponen desde dos directivas europeas.
“Es una cuestión de clase social porque son los ricos los que más contaminan, pero son los pobres los que más pagan los efectos del cambio climático”, ha defendido, y ha reiterado que el 1% de la población en España emite más emisiones que 12 millones de personas.
El texto tendrá que ser aprobado en segunda vuelta en el Consejo de Ministros antes de enviarse a la cámara baja. La intención de Consumo es incorporar durante el proceso de tramitación “un paquete fiscal que garantice que quienes más contaminan, que son los ricos, paguen lo que les corresponde”, pero para ello necesitará también el apoyo de los grupos parlamentarios.
Reventa de entradas más caras
El Ministerio de Consumo aspira con esta ley a prohibir la reventa de entradas a precios más caros para obtener un beneficio económico. El límite de esta práctica, generalizada en el caso de conciertos y festivales, estará en el Índice de Precios de Consumo (IPC) y, de este modo, no se podrán encarecer los billetes por encima de la inflación desde el momento de la compra inicial.
Esto se suma a la prohibición de usar bots para la compra masiva de entradas de espectáculos culturales con el objetivo de venderlas después, una medida que está en vigor desde 2022, pero que el mismo Bustinduy ha reconocido que no estaba funcionando. Por eso, se refuerza la política contra este mercado, que el ministro ha recordado que es “especulativo” y que no aporta “ningún valor” al consumidor, sino que crea “barreras de clase para el acceso y disfrute a la cultura”.
Preguntado por cómo garantizarán su cumplimiento, ha explicado que la ley permitirá a su departamento “actuar y sancionar” cuando se constate que se está llevando a cabo la práctica, como han hecho con los pisos turísticos ilegales.
Obsolescencia programada
El anteproyecto de ley de Consumo Sostenible incluye también una serie de medidas contra la obsolescencia programada, esto es, cuando las empresas reducen intencionalmente la vida útil de los bienes, como los electrodomésticos o dispositivos electrónicos, para que haya que volver comprar.
Para evitarlo e incentivar las reparaciones, el Gobierno propone:
- Aumentar en doce meses el plazo legal de garantía (actualmente, de tres años para los productos nuevos) cuando se opte por la reparación en lugar de la sustitución.
- Obligar al productor, comercializador o importador a asumir el 20% del coste de reparación durante los dos primeros años tras el fin del plazo de garantía. Además, en el terce año asumiría el 10% de la reparación y en el cuarto, el 5%.
- Implementar una plataforma online para encontrar y contratar a reparadores.
- Prohibir ocultar información sobre las actualizaciones de software que afecten negativamente y obligar a su descarga cuando solo mejore la funcionalidad.
- Prohibir la publicidad de productos con obsolescencia programada.
- Publicidad de vuelos cortos y combustibles fósiles
La ley de consumo sostenible prevé prohibir la publicidad de vuelos cortos cuando existe una alternativa más sostenible que no suponga un aumento de más de dos horas y media del trayecto. La restricción solo se aplicará a las conexiones con origen y destino dentro del territorio peninsular, y se suma a otra en el ámbito de los transportes: tampoco se podrá hacer publicidad de los vehículos propulsados exclusivamente por combustibles fósiles, es decir, los de gasolina o diesel.
Con la misma intención de limitar los productos que emiten más gases de efecto invernadero y contaminan el aire, el anteproyecto prohíbe la publicidad de combustibles fósiles (como la gasolina y el diésel) por parte de las empresas del sector del carbón o el petróleo, si bien la restricción no se aplicará al gas.
Bustinduy ha subrayado que estas medidas pretenden “acelerar” la transición ecológica que ya se está impulsando desde la Unión Europeas con medidas como el fin de la venta de vehículos de combustibles a partir de 2035. “La transición ecológica e industrial no puede recaer sobre una suma de responsabilidades individuales”, ha dicho. “Hay que responsabilizar al sistema económico en su conjunto”.
Reduflación
Como ya avanzó Consumo hace una semana, la nueva ley regulará la llamada “reduflación”, cuando nos venden menos cantidad de producto al mismo precio, de forma que el consumidor puede no reparar en el encarecimiento. La medida en este caso pasa por obligar a las empresas a notificar “de forma clara y comprensible” si han reducido el contenido o las unidades dentro de un mismo paquete sin bajar el precio.
Según avanza el Ministerio, las empresas contarán con 90 días como máximo desde que se comercializa el cambio para incluir de forma “legible y visible” las nuevas características del producto.
Contra la publicidad del miedo
Asimismo, Consumo regulará la llamada ‘publicidad del miedo’, la que busca asustar al consumidor con escenarios extremos o improbables como robos, ataques o catástrofes para crearle la necesidad de comprar un producto determinado o contratar un servicio.
El departamento de Bustinduy los considera una forma “manipulación emocional” que va en contra de una publicidad “responsable” y, por ello, obligará a las empresas a que incluyan información cuantitativa o estadística cuando hablen de riesgos o amenazas en sus anuncios.
El ecopostureo o ‘greenwashing’
Finalmente, la ley prohibirá que las empresas aseguren que su actividad es respetuosa con el medio ambiente, “verde” o “biodegradable” sin aportar pruebas científicas o elementos comprobables. El Gobierno quiere dificultar así el ecopostureo o greenwashing, que solo busca un beneficio de reputación o publicidad.
En la misma línea, las sociedades no podrán tener nombres o logos que induzcan al error sobre su impacto medioambiental. El Ministerio asegura que esto supone también la posibilidad de anular una marca que ya está inscrita si su tipografía puede llevar a engaño.
Fuente: https://www.rtve.es/
