La Audiencia de Burgos sienta mañana en el banquillo de los acusados a dos hombres y una mujer acusados de integrar una red dedicada a la trata de mujeres a las que explotaban sexualmente en pisos de Burgos capital. La Fiscalía solicita para M.H.D., de 39 años, más de 152 años de cárcel por los delitos de integración de grupo criminal, prostitución coactiva, coacciones, abusos sexuales, trata de personas para su explotación sexual y estafa, mientras que para la mujer E.M.S, de 30 años, solicita más de 98 años de prisión, y para el tercer acusado, F.R.F., pide 35 años de cárcel.
Los hechos se remontan al año 2014. M.H.D. y E.M.R. captaban mujeres, algunas de ellas menores de edad, en situación de vulnerabilidad, para ofrecerles una expectativa de trabajo que no se ajustaba a la realidad. M.H.D., y también E.M.R., contactaban con las víctimas a través de whatsapp. Les ofrecía ganar una buena cantidad de dinero de forma sencilla si les enviaba una foto desnuda. Cuando obtenía las fotografías les ofrecía ejercer la prostitución en algunos de los pisos que tenía alquilados -hasta siete viviendas registró la Policía Nacional cuando explotó la llamada operación Perla-.
En algunas ocasiones les llegaron a plantear trabajar en una peluquería o que iban a grabar una película pornográfica, hasta el punto de que alguna de ellas firmó un contrato para ello, y con la imposición de multas si se marchaban antes del tiempo establecido. Este acusado les proponía mantener con él una primera relación con la excusa de instruirlas. A continuación las instalaba en alguna de las viviendas y hacía que pasaran por los pisos alquilados para mantener relaciones con los clientes. Cuando pasaba el tiempo y las víctimas veían que no cumplía lo que se les había prometido, el acusado las amenazaba con enviar fotos a sus familias de lo que hacían.
Las mujeres no tenían libertad de movimientos. En ausencia de los dos principales acusados, una menor, que tenía entonces 16 años, emancipada legalmente y pareja de M.H.D., se encargaba de recoger el dinero de los clientes. Según el escrito de la Fiscalía, las víctimas estaban aisladas socialmente, los acusados controlaban el tiempo de duración de los servicios, de los que se llevaban todo el dinero y no pagaban a las mujeres. Al residir también los acusados en los pisos también el control era constante. Las víctimas no tenían llaves de los pisos, por lo que las salidas eran siempre con el permiso de los acusados, de poco tiempo, y siempre con amenazas, ya que cuando abandonaban los pisos las mandaban mensajes y las llamaban por teléfono para seguir intimidándolas. Los acusados elaboraron unas hojas de instrucciones sobre cómo tenían que actuar con los clientes. La acusada E.M.R. era también administradora de cuatro empresas de comercialización de vídeos pornográficos.
La Fiscalía cuenta con los testimonios de al menos 11 víctimas de la trama que describen el modo de actuar de los dos principales acusados. Una de ellas cuenta que el acusado M.H.D. se puso en contacto con ella en mayo de 2014 y le propuso ejercer la prostitución a cambio de 900 euros al mes. Dada su situación económica, aceptó. Estuvo cuatro meses y no le pagaron el dinero prometido. El acusado le retuvo su documentación personal y la amenazo con realizar un vídeo porno si quería esos documentos. Con la documentación retenida de las víctimas, los acusados realizaban contratos con compañías de telefonía. También dejaban de pagar los alquileres de las viviendas que utilizaban para la explotación sexual de las mujeres.
El tercero de los acusados, F.R.F., era el encargado de dar cobertura en infraestructuras y en logística al grupo para explotar sexualmente a las mujeres. Los muebles de los pisos alquilados se guardaban en una nave de su propiedad. Según el escrito del Ministerio Público, eran siete los pisos en los se obligaba a las víctimas a prostituirse.
La Brigada de Extranjería de la comisaría de Policía Nacional de Burgos registró cuatro pisos en marzo de 2015. En esos registros hallaron libretas con nombres y teléfonos, así como documentación de varias mujeres, en concreto de 11, así como de otras 9 que no fueron posteriormente localizadas. En una primera fase, la Policía detuvo a los dos cabecillas del grupo y cinco mujeres prestaron declaración como víctimas de la organización criminal. Con el análisis de la documentación encontrada en los registros de los cuatro pisos se detuvo al tercer acusado y se pudo determinar que había más mujeres víctimas de la trama.
